Jornada de debate por la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

  • 2019-10-04
  • Prensa
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    La actividad contó con la presencia de funcionarios, legisladores y magistrados en el acto inaugural

    La jornada estuvo organizada por ambas Cámaras Legislativas con el propósito de analizar y debate el Proyecto de Ley que regula el juicio por jurados, impulsado por el Ejecutivo Provincial.

    La actividad logró reunir a las máximas autoridades de todos los poderes del Estado provincial: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en un debate que se desarrolló la jornada del viernes por la mañana en el Consejo General de Educación, en la ciudad de Paraná. De la reunión participaron legisladores de las dos Cámaras y un amplio auditorio que colmó el salón.

    Además contó con la presencia de autoridades de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, del Colegio de Abogados provincial y de la Asociación Argentina de Juicio por la Magistratura. La realización de esta jornada fue determinante para el logro de consensos en torno a la puesta en marcha del instituto del juicio por jurado en la provincia.

    La inauguración estuvo a cargo del diputado Diego Lara, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja provincial y del senador Lucas Larrarte, quienes dieron la bienvenida a los asistentes al encuentro. El panel de apertura estuvo a cargo de la Ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincial, Doctor Emilio Castrillón y el Vocal 1º de la Asociación de la Magistratura y la Función judicial de Entre Ríos, Doctor Rubén Chaia. En el segundo panel, disertó el Procurador General, Doctor Amílcar García, el Defensor General del STJER, Doctor Maximiliano Benítez, el presidente del Colegio de Abogados Doctor Julio Federik y el Doctor Miguel Angel Cullen de la Asociación de Pensamiento penal de Entre Ríos.

    El Proyecto de Ley

    El Poder Ejecutivo de la provincia remitió a la Legislatura una iniciativa para implementar el juicio por jurados. El Proyecto de Ley fue elaborado en forma conjunta por equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Justicia, con propuestas de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias penales y sociales, instituciones pioneras en la implementación del juicio por jurados en la América Latina. También incorporaron aportes realizados por el Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Asociación de Magistrados de Entre Ríos

    Se trata de una ley de amplio consenso de la comunidad jurídica y política que establece que los juicios criminales deben realizarse por jurados populares.

    Este Proyecto de Ley apunta a dar cumplimiento en la provincia al mandato constituyente nacional originario, establecido en 1853, que los juicios criminales deben realizarse por jurados (artículos 24, 75 -inciso 12- y 118) y a lo establecido por el artículo 122, inciso 23 de la Constitución de Entre Ríos.

    El texto, enviado por el gobernador Gustavo Bordet, propone un modelo de jurado clásico compuesto por 12 ciudadanos y, como mínimo, por cuatro 4 suplentes. “El panel de jurados titulares y suplentes deberá estar siempre integrado por mujeres y hombres en partes iguales, bajo las instrucciones legales de un juez,”, señala el proyecto.
     
    El servicio de jurado es una carga pública que podría ser ejercida por cualquier ciudadano argentino o naturalizado, de entre 18 y 75 años, que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos y se domicilie en la jurisdicción correspondiente al lugar del hecho.
     
    Además deberán ser juzgados por jurados todos los delitos con penas de más de 20 años de prisión  “ser obligatoriamente juzgados por jurados, aún en su forma tentada y junto con los delitos conexos que con ellos concurran, los delitos cuya pena máxima en abstracto sean de 20 o más años de prisión o reclusión o si se trata de un concurso de delitos”.
     
    En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que “el jurado popular se encuentra en una situación más favorable para resolver un caso con la mayor imparcialidad posible y alejada de presiones –tanto externas como internas- que pudieran afectar su independencia frente al caso concreto”. Establece, entre otras cuestiones, que el juicio será íntegramente filmado en audio y video. También incorpora como novedad “reglas de evidencia, reglas de ética de la abogacía y estándares probatorios objetivos”.
     
    También resalta la importancia de la participación de los ciudadanos. “Permite además que el acusado sea juzgado por sus pares, lo cual proporciona legitimidad democrática al veredicto de culpabilidad o no culpabilidad y facilita la transmisión de las razones jurídicas que habrán de tenerse en cuenta para la resolución de los casos, en la medida en que deberá emplearse un lenguaje claro y entendible, lo cual permitirá una mayor comprensión de los justiciables y de la sociedad toda respecto del sentido de las decisiones”.
     
    El procedimiento promueve la participación ciudadana y tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos de la forma republicana de gobierno. El pueblo resuelve los conflictos demostrando el sentido comunitario que poseen de las normas, su visión de la realidad y su sentido innato de justicia y equidad. Además, implica una mayor garantía de imparcialidad. La división entre veredicto a cargo del pueblo y sentencia a cargo del Juez estatal brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo.