• 2020-03-04
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El diputado del bloque de la Unión Cívica Radical propone que autoridades y funcionarios de toda la provincia cumplan con un compromiso ético en el ejercicio de sus cargos.

En el proyecto de ley Ética en el ejercicio de la función pública, presentado días atrás por el legislador Eduardo Solari, se establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a quienes se desempeñen en la función pública de gobierno en la provincia de Entre Ríos, como representantes legales del gobierno provincial o como personal de planta permanente de nivel jerárquico (que administren fondos, tutelen bienes, tuvieren intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de concesiones y en la adjudicación de servicios públicos o espacios provinciales).

Los deberes éticos exigidos por el artículo 3 a dichas personas son: cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, Provincial y las leyes que en consecuencia se dicten, como así también defender el sistema republicano de gobierno; desempeñarse con observancia y respeto por los principios y pautas éticas de honestidad, probidad, rectitud, prudencia, justicia, equidad, eficiencia, buena fe e imparcialidad; velar en todos sus actos por los intereses del estado provincial; no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven de ello; fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan; proteger y conservar la propiedad, instalaciones y elementos del estado provincial y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados; abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados; abstenerse de utilizar las instalaciones y servicios del estado provincial para su beneficio particular o el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa; observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad; y abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en la ley procesal civil.

Entre las incompatibilidades con la función señaladas por el proyecto están el dirigir, administrar, representar, patrocinar o prestar de cualquier forma servicio a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades. Además, tampoco se admite que el funcionario sea proveedor, por sí o por terceros, de todo organismo del estado provincial donde desempeñe sus funciones.

El proyecto también legisla sobre la publicidad de actos de gobierno, el régimen de obsequios a funcionarios públicos y el régimen de declaraciones juradas. Entre las prevenciones sumarias, se crearía una Comisión de Ética Pública que actuaría como órgano independiente y de autonomía funcional para investigar enriquecimientos ilícitos, violaciones a los deberes, incompatibilidades y prohibiciones.

 

Fundamentos

El diputado Solari asegura que el proyecto de ley tiene como objeto “restablecer un vínculo ético entre el gobierno y todos los actores de la sociedad civil, como forma de garantizar reglas de transparencia que acompañen las demandas públicas”. 

“Se hace imprescindible rediseñar reglas éticas y de integridad para la función pública, aportando en positivo a la credibilidad de las acciones de gobierno en pos del bien común, debiendo sustentarse en valores cívicos que generen nuevas responsabilidades colectivas”, afirma en el texto.